1.- Que tales medidas constituyen, sin duda, el atentado más grave contra los derechos de los trabajadores/as perpetrado en este país desde hace más de 20 años. Por otro lado, supone también una vergonzosa cesión a las presiones que desde hace meses se vienen sufriendo desde los sectores empresariales y financieros, y va a representar, si no se remedia, el allanamiento definitivo del camino al poder para la derecha más rancia y reaccionaria representada por el Partido Popular.

2.- Que en lo tocante a las pensiones, desde SAT rechazamos rotundamente que ese presunto riesgo que el gobierno aprecia para la viabilidad futura del sistema (y sobre cuya veracidad habría mucho que discutir) únicamente pueda resolverse mediante las retrogradas medidas planteadas el viernes por el ejecutivo. Actuar así es, como siempre, hacer recaer el supuesto problema sobre las espaldas de los más débiles (los trabajadores de mayor edad), cuando de sobra es sabido que son muchas las medidas alternativas que se pueden adoptar, como, por ejemplo: acabar de una vez con la economía sumergida (25% del PIB) que propician los empresarios y por la que cientos de miles de trabajadores/as se ven obligados a trabajar sin cotizar por sus jornadas o por el exceso de horas que realizan, acabar por ley con los despidos y obligar a la banca y a las grandes empresas a crear empleos, terminar con el engaño de las prejubilaciones para mayores de 55 años que utilizan las empresas para reducir plantillas y dejar de pagar salarios y cotizaciones a los trabajadores/as, promover grandes inversiones públicas en escuelas infantiles y servicios a la dependencia para facilitar de verdad la conciliación de la vida laboral y familiar, financiar el posible déficit con impuestos progresivos detraídos a los que más tienen, etc., etc., etc. Existen, sin duda, otras medidas; lo que no hay, por desgracia, es valor y voluntad política suficiente para llevarlas a la práctica y hacer frente al inevitable malestar que generarían entre los grandes poderes económicos de este país.

3.- Que en lo referente al plan de recorte del gasto público, este sindicato vuelve a decir con toda claridad que la manifiesta disparidad que hoy día sufren nuestros presupuestos públicos entre el capítulo de ingresos y el de gastos no responde, en absoluto, a un exceso de estos últimos, sino a una evidente insuficiencia de los primeros provocada, a su vez, por dos circunstancias fundamentales: de un lado, el vergonzoso nivel de fraude fiscal generado en su inmensa mayoría por los sectores empresariales y financieros y calculado, según los técnicos de hacienda, en 90.000 millones de euros; y, de otro lado, la regresiva política fiscal resultante de las sucesivas reformas practicadas en los últimos años (supresión del impuesto de patrimonio, reducción de los tipos máximos de IRPF, reducción del impuesto de sociedades, tributación al 1% para las sociedades de inversión de capital variable, múltiples exenciones y bonificaciones fiscales para los empresarios, etc.) y que han convertido a España en uno de los países de la UE donde menos impuestos pagan los ricos. Por tanto, no es reduciendo los gastos como hay que equilibrar las cuentas públicas, sino obligando a los ricos a tributar conforme a su capacidad real y al mismo nivel que en cualquier otro país desarrollado. No conviene olvidar, además, que las reducciones de gasto van a centrarse sobre todo, y según lo planteado por el gobierno el viernes, en las plantillas de las distintas administraciones, lo que aumentará sin duda el desempleo y deteriorará gravemente los servicios públicos.

4.- Que ante tan brutal agresión (propuesta por el gobierno y aplaudida por los empresarios) desde el Sindicato Andaluz de Trabajadores/as reclamamos a las direcciones de los sindicatos mayoritarios que den un paso al frente en la defensa de los derechos de los trabajadores, y preparen con decisión las condiciones para una próxima convocatoria de HUELGA GENERAL en todo el estado que ponga pie en pared a la creciente influencia de la derecha económica y obligue al PSOE a gobernar a favor de las necesidades reales de la mayoría de la población. Casi un 20% de la población activa en paro y con más de la mitad de los trabajadores y pensionistas con ingresos inferiores a los mil euros al mes así lo reclaman. Defraudarlos no sólo sería una traición brutal, sino que, además, empujaría a la clase trabajadora en brazos de un PP ávido de poder para beneficiar aún más a los grandes empresarios y dispuesto a mentir todo lo que haga falta para lograrlo.

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Por el contrario, en materia salarial las indicaciones recogidas en el acuerdo sí aparecen perfectamente cuantificadas, señalándose con precisión que “la negociación colectiva debería tener en cuenta para la determinación de los incrementos salariales las siguientes referencias: Para el año 2010 hasta el 1%; para 2011 entre el 1% y el 2%; y para 2012 entre el 1,5% y el 2,5%”. Incrementos absolutamente ridículos que obvian por completo que ya 2009 finalizó con una tendencia alcistas de los precios y que las previsiones de incremento del IPC para este año (según todos los organismos económicos) oscilara entre el +1´5% y el +2%. Es decir, que con la aplicación del acuerdo firmado por las direcciones de los sindicatos oficiales los salarios de todos los trabajadores/as del estado (que aún tengan la suerte de tener empleo) crecerán notablemente por debajo de la inflación prevista, perdiendo así poder adquisitivo.

Pero las agresiones recogidas en el acuerdo no acaban, por desgracia ahí, ya que, aún tratándose, insistimos, de unos incrementos ridículos y negativos, el texto firmado recoge, incluso, la posibilidad de que ni siquiera esas ínfimas subidas se produzcan en “aquellas empresas cuya estabilidad económica pudiera verse dañada, como consecuencia de tal aplicación”; a tal efecto se establece una denominada “clausula de inaplicación”, a la que con plena seguridad intentarán aferrarse multitud de empresas aduciendo todo tipo de dificultades económicas.

Y, para quienes crean que siempre les quedará, al menos, la posibilidad de recurrir a la clausula de revisión pactada en muchos convenios para recuperar a final de año la diferencia entre el IPC real y la subida aplicada, también el acuerdo les depara una irremediable decepción, ya que en el apartado del mismo sobre este asunto se establece con claridad que las revisiones (cuando existan) se calcularán no al final de cada año natural, sino al acabar todo el periodo de vigencia del acuerdo (2010-2012), “adecuándose temporalmente en función de lo que se pacte”. Es decir, que, con un poco de suerte, quienes introduzcan clausulas de revisión en sus convenios a lo mejor dentro de tres años (a lo largo de 2013) podrían comenzar a cobrar algo del evidente poder adquisitivo que se va a perder durante todo este periodo.

Como se ve, el acuerdo salarial pactado no puede resultar más negativo y supone, de hecho, el imponer de manera forzosa a todos los trabajadores no ya que sus salarios no crezcan durante 3 años (eso sería congelación salarial), sino, incluso, que pierdan masivamente poder adquisitivo para que así las empresas puedan recuperar sus niveles de ganancias. Se persigue el traspaso descarado a los empresarios de las rentas que los trabajadores deberían obtener por su trabajo, materializando así el ridículo espectáculo de que tengan que ser precisamente los que menos tienes quienes se sacrifiquen para seguir enriqueciendo a los que más poseen. Sobre las altísimas tasas de beneficios que los empresarios han obtenido durante los 10 últimos años (con un crecimiento superior al 50% durante el periodo 1999-2007, mientras que los salarios lo hacían tan sólo un 1%, descontada la inflación), nada se dice en el acuerdo, ni se les obliga en lo más mínimo a tener que sacar a la luz todos esos recursos para ponerlos al servicio de la sociedad en general. Al contrario que los salarios de los trabajadores, para los sindicatos firmantes del acuerdo los beneficios empresariales son intocables.

Pero además de tremendamente injusto el acuerdo firmado el lunes es también profundamente negativo para los supuestos fines de promoción del crecimiento económico que dice perseguir. Y ello es así porque la previsible mejora de los beneficios empresariales resultante de la contención salarial pactada no tiene porque implicar, en absoluto, un incremento de la inversión, y menos aún con la notable incertidumbre económica que aún persiste. Lo que sí es seguro, en cambio, es que esa contención de las rentas salariales impuestas por el nuevo acuerdo va a conllevar una reducción aún mayor de los niveles de demanda actuales, lo que a su vez redundará en un descenso de las ventas y una profundización todavía mayor de la actual situación de crisis. La mejor alternativa hoy para superar la recesión de la economía española es potenciar adecuadamente la demanda, lo que se logra manteniendo y reforzando la capacidad adquisitiva de los salarios, potenciando la inversión pública y, sobre todo, obligando a los bancos a invertir socialmente las astronómicas ganancias que aún siguen obteniendo (casi 4 millones de euros cada hora incluido lo destinado a provisiones).Todo lo que no se haga en esa línea (como sucede con el acuerdo salarial firmado por CC.OO. y UGT) no servirá más que para seguir llenando los bolsillos de quienes más tienen, mientras toda la sociedad se hunde de manera creciente en la recesión y el desempleo.

SINDICATO ANDALUZ DE TRABAJADORES/AS

‘SAT-Málaga’

El conflicto se inició hace cinco meses con la salida a la luz pública de los problemas financieros de la empresa, la sucesión de despidos y la presentación de un Expediente de Regulación de Empleo Temporal.

El corte de la carretera se ha iniciado a las siete y media y en él participa la totalidad de la plantilla del astillero sevillano -270 trabajadores- que han colocado una barricada, y han prendido fuego a bidones y contenedores, según fuentes del comité de empresa. Esta movilización, que ha provocado retenciones, está siendo vigilada por varios furgones de la Policía, aunque por el momento no se han registrado incidentes. Los trabajadores, que ya ayer impidieron el paso a los directivos de la factoría al centro de trabajo, tacharon de “desalmados” a los propietarios de astilleros, que “parecen desaparecidos ante las advertencias de la Junta”.

El presidente del comité de empresa, Gregorio Mora, aseguró que el acuerdo de colaboración ya firmado entre la Junta y la empresa tiene unos calendarios previstos, pero no avanza”. “Si el 12 de febrero no se ha alcanzado un acuerdo, se cancelará el principal barco de la empresa, el Viking Lines, lo que significará el cierre”, subrayó.

Los manifestantes expresaron sus disculpas por los posibles efectos que sus movilizaciones puedan tener en el resto de ciudadanos, pero insistieron en la necesidad de “defender sus derechos”.