Hipocresía. La misma Junta que se las da de progre cuando llega el «Día sin Juegos de Azar», se dedica a recaudar ese dineral que generan las máquinas tragaperras a través de los impuestos. ¿En qué quedamos? Pues en eso: en quedarse con la parte del botín por un lado, y en quedarse con el pueblo por el otro.
Reforma a la vista. La presidenta del Parlamento de Andalucía ha soltado una de esas frases dignas de Kennedy o de Luis Pizarro: «Ningún diputado o diputada, nadie debe sentirse lejano de lo que otros congéneres viven aunque supere nuestras fronteras y también nuestras competencias». Pues nada, a reformar otra vez el Estatuto…
Medias verdades. Leído en la web de la Junta: «El presupuesto para 2010 afronta la salida de la crisis y el cambio hacia un modelo de crecimiento más sostenible». Pero ahora viene lo bueno: «La inversión directa de la Junta alcanzará los 7.112,9 millones de euros, cifra que supone una reducción del 6,8% respecto al año pasado pero que mantiene su peso respecto al PIB an aluz (4,8%)». Hasta donde pone Toledo…

El cambio de chaqueta del alcalde de Yunquera, provincia de Málaga, viene a desmentir las tesis de aquellos agoreros que se resisten a la evidencia y que afirman que en Andalucía no cambia nada. ¡Anda que no! Este cambio de chaqueta es la enésima vuelta de tuerca en el engranaje que el PSOE empezó a montar en Andalucía allá por los años setenta del pasado siglo. El alcalde de Yunquera, que se llama Francisco Oliva y que fue elegido en las listas del Partido Andalucista, sigue la fecunda estela de los militantes de partidos minoritarios que se rinden al adversario y se entregan con las armas y el bagaje de los votos.
Lejos de sentir rubor o vergüenza, que sería lo suyo, el alcalde y los concejales que le acompañan en el muy antiguo ejercicio del transfuguismo político se dedican a darnos lecciones de moral: “Estamos apostando por el bien general de Yunquera”. ¿Apostando? No hay mejor definición para el casino en que se ha convertido la política municipal en nuestros días. Y es que la desfachatez es como el universo o como la capacidad de la Junta para colocar a la gente del partido: no tiene límites.
El secretario general de los socialistas malagueños tampoco se ha quedado corto. Miguel Ángel Heredia ha dejado esta perla para que se estudie en las facultades de Ciencias Políticas o en la Escuela Superior de Transfuguismo: “El PSOE de Andalucía representa el andalucismo por llevar a buen puerto muchos de los sueños que tuvieron para Andalucía personalidades como Blas Infante. Somos un andalucismo práctico y efectivo”. Nunca mejor dicho lo de práctico, aunque al segundo adjetivo le falta una preposición: andalucismo ‘en’ efectivo. ¿Cómo puede salir este Heredia con semejante atropello a la memoria de Blas Infante? ¿Para esto se dejó la vida el padre de la patria andaluza, reducido a personalidad por el politólogo Heredia? ¿Para servir de pretexto a un descarado caso de transfuguismo?
Debajo de este cambio de chaqueta se esconde algo mucho más importante. El PSOE andaluz está laminando todo aquello que le pueda impedir lo único que le importa: la conservación del poder. Los sociatas son ultraconservadores. El PSOE pastelea con el PAL y desactiva al PA en los municipios donde gobierna mediante el canto de sirena que convierte a los alcaldes andalucistas en objetivo prioritario para engrosar las filas del Régimen. Un PA con varios diputados en el Parlamento andaluz podría apoyar al PP en un futuro próximo. O servir de refugio para los votantes socialistas que ya no se tragan la propaganda pero que se resisten a votar al PP.
En cuanto a IU, ahí está Rosa Aguilar para demostrar lo que perpetra en la sombra este partido que aspira a perpetuarse en el poder. Una Izquierda Unida que siguiera las tesis de Julio Anguita sería un peligro para el PSOE: podría abstenerse en el hipotético caso de que Arenas ganara, ¡por fin!, unas elecciones por mayoría relativa. La IU que se traga el fichaje de Rosa Aguilar o las mociones de censura contra sus alcaldes llevadas a cabo por los amigos socialistas es un seguro de vida para el Régimen, ya que pactarán lo que haya que pastelear cuando llegue el caso.
Conclusión: Andalucía ha caído en un estado de muerte política cerebral. Un partido mayoritario que se apropia de los territorios limítrofes y que le deja una estrecha franja a esa oposición que se conforma con ejercer su papel. He aquí el panorama. Como dijo el alcalde de Ronda cuando cruzó el tajo que lo separaba del PSOE, otros vendrán y lo mismo harán. Del “Viva Andalucía libre” que gritó Blas Infante ante el pelotón de fusilamiento, a estos andalucistas chaqueteros que viven libres del trabajo diario. Andalucismo práctico y en efectivo: ya no se puede tener la cara más parecida al mármol de Macael…

Dos cuadrillas de trabajadores inmigrantes de nacionalidad rumana y búlgara se encuentran concentradas junto a dirigentes del SAT en las puertas de la empresa Xapo y Altres en protesta por el absoluto incumplimiento del convenio del campo que se está produciendo en esa empresa.

Xapo y Altres, empresa valenciana, sita en la C/ San José, nº 171 (San José de la Rinconada), hacía trabajar hasta diez horas diarias a las dos cuadrillas de trabajadores (unas 40 personas) cuando el horario fijado en el Convenio Provincial del Campo es de seis horas y 15 minutos. Por las 10 horas de trabajo, Xapo y Altres les pagaba 25 euros a los rumanos y 20 euros a los búlgaros, muy por debajo de los 45,64 euros que debían recibir por una jornada normal de trabajo de seis horas y cuarto.

El SAT ha denunciado esta situación de “esclavismo moderno, abuso y explotación que empresarios sin escrúpulos realizan contra trabajadores inmigrantes” afirmó Mari García, Secretaria de Acción Sindical del SAT.

Este sindicato va a denunciar a la empresa ante la Inspección de Trabajo y exigió a las autoridades gubernativas “que envíe también a la Guardia Civil a detener a estos empresarios mafiosos y no sólo contra las legítimas protestas de los jornaleros y jornaleras”, añadió Mari García.

Este último arresto desencadena la condena firme y unánime de numerosas organizaciones internaciones de defensa de los Derechos Humanos

Volvían de visitar los campamentos de refugiados saharauis de Tindouf, en Argelia, pero su viaje de regreso quedó abortado en el aeropuerto marroquí de Casablanca. El pasado 8 octubre siete reconocidos activistas saharauis, entre los que figuran los líderes Ali Salem Tamek y Brahim Dahan, fueron detenidos en Marruecos acusados de “traición a la patria” y de “atentar contra la soberanía e integridad territorial” de este país. El juez que los ha interrogado se ha declarado incompetente y ha derivado el caso a un tribunal militar. La noticia ha provocado la condena unánime de varias organizaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos

TAMEK, vicepresidente primero del Colectivo de Defensores Saharaui de los Derechos Humanos (CODESA) es ex preso político saharaui y está considerado un símbolo de la resistencia. De hecho, ha sido arrestado arbitrariamente en diversas ocasiones hasta que en 2004 recibió el indulto por parte del rey de Marruecos, Mohamed VI. Al igual que Tamek, Brahim Daham, presidente de la Asociación Saharaui de las Víctimas de Graves Violaciones de los Derechos Humanos cometidos por el Estado marroquí (ASVDH), también es un reconocido preso político de esta causa.

EN esta actuación también han sido detenidos el secretario general del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Esmara/Sáhara Occidental, Ahmad Anasiri; una integrante de la oficina ejecutiva de ASVDH, Dagja Lachgar; un ex preso político y activista defensor de los Derechos Humanos, Yahdih Ettarrouzi; el presidente del Foro para la Protección de los Niños Saharauis y miembro del CODESA Saleh Lebayhi; y un miembro del Comité de acción contra la Tortura en Dajla/Sáhara Occidental, Rachid Sghayar .

“ESTA actitud intolerante del gobierno marroquí no respeta la libertad de circulación, la de movimiento, ni la libertad de expresión; ejes fundamentales de cualquier democracia”, lamenta Francisco Guerrero, responsable de la Federación Andaluza de Asociaciones Solidarias con el Sáhara (Fandas-Sáhara), quien considera una “falacia” los halagos que recibe el país africano por, supuestamente, consolidar su estado de derecho. Por eso, Guerrero ha censurado el papel de “colaboradores necesarios” que desempeñan algunas naciones con Marruecos, entre ellas España, “interesados sólo en las políticas económicas, culturales o educativas y mirando para otro lado al ver que no se respetan los Derechos Humanos”.

DE momento, sólo la Asociación de Abogados Marroquíes de Derechos Humanos ha logrado conocer algún detalle sobre los siete activistas, de quienes sólo se sabe que se encuentran encarcelados en la prisión de Salé, una ciudad cercana a Rabat, hasta que pasen a disposición del juez militar que se ocupe del caso, especifica el responsable de Fandas-Sáhara.

LOS arrestos se produjeron cuando los activistas regresaban de visitar a sus familias y amigos, una práctica acordada como medida de confianza entre Marruecos y el Frente Polisario en el Consejo de Seguridad de la ONU, recuerda la Coordinadora Estatal de Asociaciones Solidarias con el Pueblo Saharaui en un comunicado.

“ES vergonzoso y resulta intolerable que se siga persiguiendo a los defensores de los Derechos Humanos, irrespetando su derecho fundamental a difundir información sobre la verdad de los que ocurre en el Sáhara Occidental: torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones,… sin que por ello sufran represalias, amenazas, malos tratos y todo tipo de difundios”, critica este colectivo, que califica como “totalmente falsa” la “campaña de intoxicación” desarrollada por las autoridades marroquíes para justificar las detenciones

PERO no ha sido ésta la única condena pública sobre la actuación de Marruecos Marruecos en este caso. Según recoge la agencia Europa Press, diversos colectivos internacionales como la Fundación Robert Kennedy, la organización Front Line y el Centro Internacional Olor Palme, y nacionales como el Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Badajoz, han rechazado los arrestos y han mostrado su preocupación por la situación en la que podrían encontrarse los activistas. También la activista de los derechos del pueblo saharaui Aminetu Haidar ha reclamado a la comunidad internacional que “salve la vida” de los arrestados y ha expresado su propio miedo a ser detenida, alegando que la represión de las autoridades marroquíes se ha intensificado en los últimos tiempos.

LA Fundación Robert Kennedy ha pedido a las autoridades marroquíes que cumplan “con sus obligaciones de respeto a los Derechos Humanos conforme a las leyes internacionales” y ha exigido que se lleve a cabo “una investigación minuciosa” sobre la detención y se tomen medidas para “asegurar su integridad física y psicológica”. En esta misma línea se han pronunciado también la organización Front Line, que trabaja para proteger a los defensores de los Derechos Humanos, y el Centro Internacional Olor Palme.

EN España, el Observatorio de Derechos Humanos del Colegio de Abogados de Badajoz ha reclamado “la inmediata liberación de los siete detenidos, al igual que la de todos los presos saharauis de conciencia que aún siguen en las cárceles marroquíes”. Además, han instado a la comunidad internacional, incluido el Gobierno español, a que actúe “con toda prisa y sin vacilación, presionando a Marruecos” para que los libere.

SEGÚN publica la web canarias24horas.com, el eurodiputado español de IU, Willy Meller, ya ha denunciado en Bruselas estas detenciones, así como la represión que sufre el pueblo saharaui y ha animado a los responsables europeos a condenar la “coercitiva política” marroquí.

LA agencia de noticias oficial marroquí, MAP, informó de la detención de varios individuos “que realizaron una visita a los campos de Tinduf” en el aeropuerto Mohamed VI de Casablanca. Los arrestados pasaron a disposición de la Policía Judicial a instancia de la Fiscalía General marroquí para ser interrogados. Según la noticia de esta agencia, recogida por Europa Press, los saharauis fueron detenidos a raíz de la información difundida por ciertos medios de comunicación sobre la visita de estos activistas a Tindouf “durante la cual se habrían puesto en contacto con partes hostiles a Marruecos, perpetrando así un atentando contra los intereses superiores de la nación”.

El baile de papeles y de cifras no ha hecho más que empezar. Los investigadores del ‘caso Malaya’ han recabado montañas y montañas de documentos -se llenaron hasta cinco furgonetas durante los registros- que ahora están siendo analizados para desenmarañar la corrupción en el Ayuntamiento marbellí.

Los especialistas de la Udyco-Costa del Sol y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), de Madrid, se enfrentan a una tarea titánica. De hecho, los investigadores consideran que las pesquisas están a un 40% del caso en función de lo que, a priori, se espera encontrar, según informaron fuentes de la Dirección General de la Policía. Dicho de otro modo, aún queda más de la mitad de la trama por destapar.

Las gestiones se centran ahora en analizar el importante volumen de documentos intervenidos sobre convenios municipales presumiblemente irregulares, el entramado de sociedades y empresas interpuestas, o el millar de cuentas bancarias intervenidas.

La investigación policial y judicial se desencadenó en torno a dos concesiones municipales: la del servicio de grúa y la del transporte público. No obstante, al tirar de esos hilos, la policía ha destapado una red de concursos y subastas sospechosas de estar manipuladas.

Trámites bajo cuerda

No parecen casos aislados, ya que, en el auto de prisión contra el asesor de urbanismo municipal, Juan Antonio Roca, el juez concluye que, según la investigación, «no se puede realizar ningún trámite importante en el Ayuntamiento de Marbella sin pagar antes a Roca o a alguno de los concejales». Su conclusión perfila las dimensiones reales del caso.

Las pesquisas avanzan ahora en dos direcciones. De una parte, la corrupción política y sus tentáculos empresariales, en los delitos de cohecho, maquinación para la alteración de precios, malversación, prevaricación y tráfico de influencias. Y de otra, la manera en la que se cristalizaban las ganancias ilícitamente obtenidas: el blanqueo de capitales. El asunto no es baladí. Sólo el entramado presuntamente creado por Roca, y sus colaboradores estaría compuesto por 120 sociedades que servían para amasar su multimillonario patrimonio.

Según afirmaba ayer mismo el fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, «el trabajo más duro está por llegar». Ahora hay que «cruzar» todas las cuentas y mirar cómo se compró y financió ese entramado empresarial. La investigación está en una primera fase, por lo que no descartó nuevas detenciones, declaraciones o imputaciones. De momento, las pesquisas policiales, que han llevado a la cárcel a la alcaldesa, Marisol Yagüe, y a otros once presuntos implicados, comenzó en el mes de noviembre de 2005 en el seno de la Comisaría Provincial de Málaga.

La ‘operación Malaya’ no surgió dentro del ‘caso Ballena Blanca’, sino a raíz de éste. Fuentes cercanas al caso señalaron a este periódico que la investigación surgió de las propias indagaciones policiales sobre la corrupción en el consistorio marbellí y se fortaleció por la relación de trabajo que se creó con el juez que dirigió el ‘Ballena Blanca’, el titular del Juzgado de Instrucción número 5, Miguel Ángel Torres.

Delito urbanístico

Salinas, no obstante, aseguró que el inicio de la faraónica operación fue la declaración del jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento marbellí a raíz de un presunto delito urbanístico que puso sobre la pista de Roca. A partir de ahí, todo consistió en «tirar del hilo». Lo curioso es que se también se produjo en noviembre de 2005.

Respecto a la posible incompatibilidad de Miguel Ángel Torres para instruir los dos casos, el de ‘Ballena Blanca’ y ‘operación Malaya’, Salinas fue tajante: «No debe llevarse a otro juzgado aunque sea a la Audiencia Nacional porque sería una dilación perjudicial para la causa».

Gran trascendencia

También descartó -al menos inicialmente- la conexión con otros consistorios, aunque se investigan más casos de corrupción. «Marbella es un asunto que ha tenido una gran trascendencia mediática porque afecta al ayuntamiento y a cinco de sus miembros, pero no cabe duda de que hay asuntos mucho más graves. Marbella no es la estrella del crimen organizado», afirmó.

Lo cierto es que ante el volumen de documentos que emanan del caso, el magistrado reclamó ayer a la Junta de Andalucía varias cajas fuertes, armarios de seguridad y más personal y espacio para ejercer su labor. La solicitud se justifica en el número de registros efectuados por la policía en los que fueron incautadas gran cantidad de cajas con documentos y archivos informáticos. La delegada de Justicia, Aurora Santos, se comprometió a atender la petición de este juzgado.

Hasta el momento, parece que no se ha perdido ninguna de la documentación intervenida. Así lo afirmó ayer Salinas, para quien lo ocurrido en las instalaciones municipales de la calle Jacinto Benavente no fue un robo sino un «simulacro con la finalidad de rememorar la etapa de Jesús Gil», en referencia a la desaparición de unos sumarios de los juzgados marbellíes en agosto de 2001 que provocó el suicidio de un funcionario judicial que estaba siendo investigado.

Antonio Salinas confirmó que la Policía había aumentado sus efectivos para esta operación, no así la Fiscalía de Málaga «que últimamente está bastante reforzada». Prueba de ello es la rapidez con la que se ha actuado «para evitar la destrucción de pruebas». La obstrucción de la Justicia es uno de los argumentos que esgrime el juez para mantener en prisión a Marisol Yagüe. Para la Fiscalía Anticorrupción sigue siendo una razón válida «porque es la alcaldesa y tiene dominio sobre los funcionarios municipales».

Marinaleda, Sevilla (Andalucía)

PROGRAMACIÓN

Lunes 10 de abril a las 20: 30 h.:Act. del mago Suso Maña

Martes 11 de abril a las 20: 30 h.: Grupo de baile de Marinaleda

Miércoles 12 de abril a las 20: 30 h.: La Húngara

Jueves 13 de abril a las 20: 30 h.: Chirigota “Los pisha de Cádiz”

Viernes 14 de abril a las 20: 30 h.: Grupo de baile “Thori-Zuri”
Actuación de “El Cabrero”

Sábado 15 de abril a las 22:00 h.: Concierto
Molestando a los Vecinos
Ni Blues Ni Band
La Cabra Mecánica

Domingo 16 de abril a las 11:00 h.:Desayuno popular andaluz y posterior paseo en bici al Humoso

Las fotos muestran a hombres privados durante días por sus torturadores de alimentos y de sueño, sometidos a palizas y a temperaturas extremas en un número de centros dedicados a interrogatorios por el Ministerio de la Guerra británico.

Algunos murieron de inanición o de los golpes que les propinaron, dice el periódico británico, según el cual varias víctimas fueron torturadas con instrumentos encontrados en una cárcel de la Gestapo, la Policía secreta hitleriana.
Los hombres que aparecen en las fotografías, de las que el periódico publicó varias, no eran en su mayoría nazis, sino supuestos comunistas detenidos en 1946 por sospecharse que apoyaban a la Unión Soviética, país que sólo año y medio antes había sido aliado de Gran Bretaña en la lucha contra el Tercer Reich.

El Gobierno británico, que al parecer creía en la inevitabilidad de la guerra con los soviéticos, trataba de obtener por esa vía información sobre las técnicas militares y de recogida de datos de ese país.

Según ‘The Guardian’, los británicos detuvieron y torturaron también a docenas de mujeres, así como a agentes soviéticos y a numerosos ciudadanos sospechosos de simpatías nazis o de haber pertenecido a las fuerzas de seguridad de Hitler.

¿Reconocer lo ocurrido?

Tras la publicación de la noticia, que se había mantenido hasta ahora en secreto, el portavoz para temas militares del Partido Liberal, en la oposición, Nick Harvey, instó al ministerio de Defensa que reconozca lo ocurrido, “aunque sea ya demasiado tarde para exigir responsabilidades concretas”.

Sherman Carroll, de la Fundación Médica para el Cuidado de las Víctimas de la Tortura, pidió a las autoridades británicas que presenten disculpas y compensen a los supervivientes.

Las fotos fueron tomadas en febrero de 1947 por un oficial de la Marina británica deseoso de que las autoridades pusieran fin al programa secreto de torturas y el Gobierno británico ha tenido que hacerlas públicas a petición del diario ‘The Guardian’.