Su imagen era inconfundible: sus gafas, su bigote, sus botines, su chaleco, y ese vozarrón reflejo de su fuerte y poderosa personalidad, tan poderosa que hasta sus silencios, sus meros gestos eran capaces de conseguir la leal y sincera atención. Leopoldo del Prado, Leo, siempre acarreando esa maleta enorme donde se podían mezclar de forma natural la legislación laboral con el último comunicado del PCPE o de cualquier partido u organización comunista de cualquier parte del mundo, murió la tarde del lunes 13 de julio del 2009, pero jamás se fue de nuestros corazones, de nuestras mentes, y de los recuerdos ya imborrables de quienes con él compartimos trinchera en la lucha por una Humanidad libre de explotación y opresión.

Hablar de Leopoldo del Prado, para mí, es hablar de un maestro, de una persona que me ha enseñado a pensar, a comportarme, a sentir y a vivir como un comunista. Aún recuerdo una frase que me dijo en una ocasión y que jamás olvidaré: “Antón, hasta de la persona que tú creas más estúpida siempre puedes aprender algo”, justamente eso es lo que define a un buen maestro: no sólo su capacidad de enseñar de una forma unilateral y unidireccional, sino de enseñar aprendiendo, y Leo enseñaba aprendiendo, en realidad, estuvo toda su vida aprendiendo para enseñar, para compartir.

Pero sobre todo, hablar de Leo es hablar de una trayectoria de lucha intachable, de la historia viva y real del movimiento comunista en Andalucía, en el Estado español, y en el mundo de los últimos 40 años aproximadamente. Hablar de Leo es hablar de una persona que tuvo la extraordinaria y nada fácil capacidad de mantenerse en sus principios comunistas marxistas-leninistas sin la menor señal de sectarismo o estúpida arrogancia. Por eso mismo, Leo fue un militante comunista de una pieza, de firmes y vigorosos principios, sin miedo a decir lo que pensaba, como él mismo me dijo: ”Yo en los comités centrales del PCPE digo lo que pienso y punto”, o cuando contaba las anécdotas, llenas de ese humor ácido que rozaban a veces el absurdo, de sus discusiones con dirigentes soviéticos a los que les decía a la cara lo que pensaba, les gustara o no, en una época en que estos dirigentes se paseaban por el mundo entero creyéndose portadores de la única y verdadera teoría y práctica revolucionaria posible. Leo era una persona de principios, y cuando veía que esos principios se traicionaban o se vendían reaccionaba consecuentemente.

Ser consecuente con sus principios le llevó, como no podía ser de otra manera, a organizarse en la clandestinidad, a ser detenido y a pisar las podridas cárceles del fascismo español, por eso mismo, y como se ha recordado en muchas ocasiones, Leo se tuvo que examinar de algunas asignaturas de la carrera de Económicas en la cárcel. Leo destacó como azote antifranquista en el frente estudiantil y como organizador del PCE y de las CCOO, a principios de los 70 del siglo pasado, en una Málaga que empezaba despertar de una terrible pesadilla, de ese mal sueño de sangre, dolor, silencio y humillación en la que cayó un frío febrero de 1937, cuando las tropas de esa mala bestia llamada Queipo de Llano entraron por sus puertas.

Más tarde, tras la muerte de Franco, destacó consecuentemente en la crítica a la dirección del PCE, deseosa de asentar cómodamente al Partido en las instituciones del nuevo régimen postfranquista. Toda esa institucionalización del Partido suponía una traición a los principios por los que Leo se había jugado el pellejo, un auténtico desarme político e ideológico de gran parte del movimiento obrero y popular del Estado español que había confiado ciegamente en el PCE. Leo se opuso a la Constitución española de 1978, una Constitución que establecía una monarquía con un Rey nombrado por Franco, que negaba la restauración republicana, que no respetaba el derecho de autodeterminación de los pueblos y que consagraba el modo de producción capitalista y la propiedad privada de los medios de producción, en definitiva, una Constitución hecha a la medida del gran capital español. Como Leo solía explicar al respecto, si aprobaron la Constitución del 78 fue por el chantaje al que sometieron a los pueblos del Estado español dándoles a elegir entre monarquía constitucional o dictadura militar.

Esa misma actitud crítica que Leo tuvo frente a la Constitución del 78 también la tuvo en la llamada “cuestión andaluza”, cuando el PCE no se planteaba para Andalucía el más mínimo reconocimiento político, forzando en 1977 tras el 4 de Diciembre y el clamor por un verdadero autogobierno andaluz, sus posiciones.

A pesar de todo, y con los carrillistas enfilándole, Leo consiguió ser candidato a alcalde por el PCE en Málaga en las primeras elecciones municipales postfranquista, en 1979, en una campaña electoral memorable, la famosa “campaña de los enchufes”. Leo solía contar aquella experiencia con emoción, como reviviendo la ilusión de aquellos momentos ya lejanos. El resultado no pudo ser mejor: el PCE obtuvo 7 concejales, formando gobierno con el PSOE y el antiguo PSA (Partido Socialista de Andalucía). Leo consiguió ser así el primer Teniente de Alcalde, comunista, de la Málaga postfranquista. Sin embargo, las contradicciones se hacían cada vez menos conciliables y más evidentes, la situación era insostenible y terminó con la expulsión de Leo y de la camarada Gloria Fernández del PCE. Tras esta expulsión, alrededor de 500 militantes del Partido en Málaga se dieron de baja en solidaridad con Gloria y Leo. Como él mismo siempre señalaba, quienes le expulsaron del PCE hoy están en el PSOE, bien acomodados en instituciones locales y autonómicas. La famosa “campaña de los enchufes” del PCE de Málaga del año 79, en referencia a los “enchufes” que había que “desenchufar”, en clara referencia a la corrupción municipal con la que se pretendía acabar y que tanto entusiasmo popular despertó, acabó finalmente con el PCE “desenchufando” a concejales comunistas honrados y “enchufando” a “los de siempre”, como en el franquismo.

A raíz de esta expulsión, Leo participaría en el denominado Movimiento para la Recuperación del PCE, una plataforma que se encargó de agrupar al creciente número de elementos críticos de izquierda expulsados del PCE. Esta plataforma, junto al PCEU (Partido Comunista de España Unificado), el PCC (Partit dels Comunistes de Catalunya) de Pere Ardiaca, y las Células del PCE dirigidas por el histórico Pepe Satué, junto a un buen número de militantes denominados “prosoviéticos” expulsados del PCE y encabezados por el también histórico Ignacio Gallego, llevaron acabo el conocido como Congreso de Unidad de los Comunistas en enero de 1984, dando lugar primeramente al PC (Partido Comunista, conocido popularmente como el “pe cé punto”), y ya finalmente en el año 1986, al Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE). De todo aquel proceso, fue Leo no sólo testigo sino protagonista activo, como igualmente, fue protagonista en 1985 de la fundación del Partido Comunista del Pueblo Andaluz (PCPA), fruto de la confluencia en Andalucía del PC “punto” y del denominado Frente Leninista de Andalucía, junto a sectores críticos, también llamados por la prensa del momento como “prosoviéticos” del PCA (Partido Comunista de Andalucía). Leo siempre formó parte de las direcciones tanto del PCPE como del PCPA prácticamente desde su creación y hasta el final de sus días.

Sin duda alguna, la labor incansable de Leopoldo del Prado, sin desmerecer la de otras personas, ha tenido muchísimo que ver en el fortalecimiento del PCPE como partido comunista. En el plano internacional, el PCPE le debe a Leo mucho de la relevancia que ha adquirido.

Igualmente, si por algo también ha destacado Leo políticamente es por la búsqueda de la unidad de la izquierda revolucionaria y combativa andaluza, por la búsqueda de un referente unitario de izquierdas, transformador y defensor de los derechos nacionales de Andalucía. Prácticamente, podemos decir que Leo ha recorrido la geografía andaluza de norte a sur y de este a oeste en reuniones con diferentes organizaciones políticas andaluzas de izquierdas. Habrá quien piense que todas esas reuniones, que todas aquellas plataformas políticas que fueron surgiendo y que lamentablemente, acabaron desapareciendo fueron un fracaso y una pérdida de tiempo, sin embargo, personalmente, de Leo aprendí que siempre valía la pena intentarlo, por muy difícil que pareciera, por muy condenado al fracaso que pareciera. Buscar la unidad en Andalucía valía la pena y lo sigue valiendo, y no porque sí, no por adorar el concepto de unidad en sí mismo sino porque es una necesidad vital para la clase obrera y los sectores populares andaluces el contar con ese referente político unitario. Como él mismo solía decir una y otra vez: “es una cuestión estratégica”, y es que Leo creía firmemente que la lucha por los derechos nacionales de Andalucía debía servir de pegamento de la izquierda revolucionaria andaluza con todas las consecuencias políticas. Quién sabe, muy posiblemente, si algún día surge en esta Andalucía un referente político unitario será de las cenizas de aquellos fracasos. Como siempre, Leo dio ejemplo al respecto encabezando en el 2007 la lista del Bloque Andaluz de Izquierdas (BAI) a las municipales por Málaga, aún a pesar de mil dificultades y de mil discusiones tensas, y como no, de estar ya su salud tocada.

Lo mismo que hemos dicho en lo político, lo podemos aplicar al plano sindical, sin lugar a dudas podemos calificar la intervención de Leo en el proceso de conformación del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) como crucial y fundamental, no es exagerado, es así, y quienes en septiembre del 2007 nos dimos cita en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla en la Asamblea Constituyente del SAT, así lo habremos de admitir.

Hace dos años murió un gran comunista, una gran persona, alguien con el que tuve muchísimas coincidencias y encuentros, y también desencuentros, alguien con el que milité en el PCPA-PCPE, en el SAT, en el BAI o en Asamblea de Andalucía, una persona con la que organicé no sé cuántas manifestaciones, charlas, o encuentros. Jamás olvidaré los debates que tuve con él ya fueran sobre la situación del movimiento comunista internacional, sobre la construcción del socialismo en los años 20-30 en la URSS, o sobre la cultura andaluza, que por cierto, a nadie se le olvide tampoco que Leo fue un gran entendido en flamenco. Hace dos años murió una persona cuya figura y talla debe ser reconocida como referente político de primer orden del movimiento comunista y revolucionario en general en Andalucía y el mundo entero, no exagero ni una pizca. Pero también murió un gran ser humano, una buena persona, íntegra, con un sentido del humor ácido, irónico y muy muy inteligente, solidaria, culta, luchadora, tenaz y optimista.

La clase obrera y los pueblos que luchan por su liberación no pueden permitirse que la muerte de luchadores de la talla de Leo supongan un olvido, es una cuestión de principios, es algo elemental. En estos momentos de grave crisis del capitalismo, ejemplos de dignidad y honestidad en la lucha como los de Leo han de estar presentes no sólo en la memoria, sino, más importante aún, en la lucha. No olvidemos nunca que la memoria y el recuerdo deben ser un arma para luchar en el presente y conquistar el futuro que Andalucía, los pueblos y toda la Humanidad trabajadora se merecen.

El mayor periodo de dinamismo de la economía española se truncó de forma dramática con una recesión. Y el balance para muchas familias no es nada bueno. Éstas no sólo sufren ahora de lleno el paro, sino un estancamiento casi total de su poder de compra.

El salario medio real en España, esto es, una vez descontado el efecto de la inflación, apenas creció un 6,15% entre 2000 y 2010: desde los 1.335 euros mensuales hasta los 1.417 euros. O lo que es lo mismo, cada año, los asalariados sólo incrementaron en 8 euros más de media su retribución mensual real, el resto de la subida nominal de los sueldos la engulló la espiral de precios: un 85% del total se anuló con el IPC.

En Madrid, ocho euros ya no dan siquiera para comprar el Metrobus de 10 viajes. Y en cualquier estación de servicio, no podrían pagar más de seis litros de gasolina. El poder de compra de los asalariados apenas ha mejorado en la última década. Con la diferencia de que, tras un periodo de fuerte expansión del crédito, la deuda de los hogares es bastante más abultada que en 2000. Como también es más gravoso el desempleo, que afecta al 20% de la población en edad de trabajar; y la carga fiscal, después de la subida de las recientes subidas del IVA y los Impuestos Especiales.

La pregunta que surge a todo esto es recurrente: ¿Son altos los salarios en España? Algunos economistas de la talla del Nobel Paul Krugman han argumentado que la economía nacional, a falta de los instrumentos comunes de la política monetaria, deberá emprender una “devaluación competitiva”. Esto es, recortar los costes laborales para cosechar mejoras en la productividad y en la competitividad exterior. La idea que subyace es que, aunque el poder adquisitivo de los trabajadores sea prácticamente el mismo que hace diez años, fabricar un bien o desarrollar un servicio sí que es bastante más caro que en 2000.

Los salarios nominales acumulan un repunte del 40,5%. Si se incluyen otros elementos que influyen en el coste de las empresas, el balance para España también es negativo: sus costes laborales unitarios se han disparado un 33% en la última década, frente al 0% de Alemania o el 7% de Austria, según datos de Eurostat. Una brecha que, a todas luces, se traduce en una pérdida de competitividad.

El FMI, la OCDE o Bruselas insisten en que este problema parte del sistema de formación de los salarios en España, vinculados históricamente a la evolución de la inflación y no de la productividad. Cuestión que está sobre la mesa de negociación de los convenios colectivos entre patronal y sindicatos.
La diferencia parece residir en el modelo productivo. España basó durante años su fuerte crecimiento en elementos cuantitativos: más de siete millones de nuevos empleos en sectores de mano de obra intensiva; y una explosión de las inversiones en capital físico. Dejando de lado los cualitativos: la calidad del empleo y la productividad.

Resulta llamativo que el repunte de la productividad reciente se haya producido gracias a la destrucción brutal de puestos de trabajo. Es decir, debido a un ajuste brutal del número de actores del mercado y no por un incremento de las unidad o el valor de lo producido por éstos.

Algunas claves de este proceso
Un desfase
La gestación de la burbuja inmobiliaria en España estuvo acompañada de otra burbuja en el mercado laboral. Éste incorporó a un ingente número de personas en sectores de mano de obra intensiva. Durante este proceso, los costes laborales nominales crecieron un 17% más que en Alemania y un 10% más que en el euro.

Capital y trabajo
Mientras tanto, la productividad total de los factores estuvo en tasas negativas. Los economistas ven en ello un círculo perverso, ya que los avances en el crecimiento del PIB se logran gracias a elementos cuantitavitos –más trabajo e inversión– y no cualitativos –más productividad y competitividad exterior–.

Devaluación competitiva
Los organismos internacionales sugieren a España la necesidad de contener la evolución de los salarios y romper el modelo por el cual las mejoras retributivas se ligan al IPC. Otros economistas, alertan de la necesidad de recortar el nivel de los salarios para que las empresas españolas ganen competitividad.

La víctima
Las familias son finalmente las víctimas de todo este proceso: la burbuja en la formación de los salarios nominales no se ha traducido en ganancias reales del poder de compra. El mercado laboral se ha ajustado con la crisis en cantidad, expulsando a millones de personas, y no en calidad, esto es, revisando la formación de los salarios.

http://www.expansion.com/2011/05/05/economia/1304546592.html

Esta posibilidad ya ha sido debatida en otras ocasiones en la Cámara Baja sin que prosperara, si bien la idea ha recobrado la actualidad tras varias sentencias judiciales que la admitían como opción válida en ejecuciones hipotecarias.

La propuesta de los republicanos, presentada tanto a través de una proposición de ley como mediante una moción, recogen varios de los puntos de una iniciativa similar presentada por sus compañeros de grupo parlamentario, los diputados de IU, Gaspar Llamazares, y de ICV, Nuria Buenaventura. Defienden que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) compre inmuebles a las cajas para destinarlas al alquiler de protección social.

Por otro lado, reclama que las ayudas directas a las entidades financieras, sean cajas o bancos, deben vincularse al flujo de crédito, la reducción de remuneraciones de las entidades, el mantenimiento de los puestos de trabajo y se protege a las personas con créditos hipotecarios.

Un 8% de solvencia para todos

Pero también se hace eco de postulados de otras formaciones, como CiU que reclama que todas las entidades, sean cuales sean sus condiciones, se atengan a un mismo requisito de ‘core capital’ del 8%, sin que se produzca ninguna discriminación entre bancos y cajas de ahorro.

Por último, exige que se respeten las competencias de las comunidades en materia de control y regulación de las cajas, y que se garantice la permanencia de su obra social y el mantenimiento de los puestos de trabajo

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/2845718/02/11/2/PSOE-y-PP-rechazan-obligar-a-la-banca-a-que-la-entrega-del-piso-salde-las-hipoteca.html#Comentarios

La crisis y los problemas estructurales de la economía española: ¡ya no va más!

En España se produjo también la crisis estructural y el mismo tipo de ajuste neoliberal que en el resto del mundo y que, en última instancia ha sido el que ha provocado la última crisis financiera, una expresión más aunque mucho más grave de las consecuencias que lleva consigo el haber situado al capital y a la especulación financieros en el epicentro de la actividad económica. Pero aquí se ha producido un hecho diferencial que es el que a mi juicio explica que ahora esté sufriendo la crisis de modo también singularizado. Me refiero a la casi completa coincidencia de la crisis estructural y el ajuste con una salida pactada a la dictadura franquista que dejó en gran parte intactos sus modos de operar y los privilegios de los principales grupos de poder económico de la dictadura, y de ambas circunstancias con el tardío proceso de construcción del Estado de Bienestar en España que se inició en la transición y más concretamente con el primer gobierno del partido socialista.

La presencia combinada de todas esas circunstancias es lo que explica que ninguno de esos procesos haya salido como debiera haber salido para que hubiera fortalecido a nuestra sociedad y a nuestra economía. Y también algunos de sus rasgos estructurales que ahora pesan como una losa sobre nuestra economía:

- La debilidad de las clases trabajadoras y de sus sindicatos en contraste con el gran poder de los principales núcleos oligárquicos conformados durante la dictadura y que todavía siguen dominando los centros de gravedad de la economía española.

- La conformación muy imperfecta de instituciones decisivas como el mercado de trabajo (dual, de poder muy asimétrico y con fuertes residuos corporativos), el financiero (muy concentrado, protegido y con una perversa influencia sobre el poder político) y el propio sector público, poco eficaz como consecuencia de su gran dependencia de los intereses privados, lo que, entre otras cosas, ha impedido usar con toda su eficacia instrumentos esenciales de transformación social como la política fiscal (que no ha podido imponerse nunca sobre la aversión a los impuestos de las clases adineradas).

- Un gran déficit de capital social y humano y de estructuras de bienestar colectivo que ha influido negativamente en aspectos tan importantes como el desarrollo de la investigación y la innovación o la incorporación de las mujeres a los mercados laborales.

- La dificultosa y traumática vinculación de la economía española con el exterior, esclava del capital extranjero y obligada a competir mediante la especialización empobrecedora en bienes y servicios de poca calidad y bajo precio y recurriendo periódicamente a la devaluación.

- Una desigualdad originaria en el reparto de la renta que apenas si ha podido ser compensada por las políticas redistributivas y que en todo caso aumenta desproporcionadamente cuando éstas se debilitan.

El modelo social que nació de la combinación de estos rasgos es el que Vicenç Navarro ha denominado con toda razón como de bienestar insuficiente y democracia incompleta. Y el modelo productivo que se ha ido consolidando con esos mimbres es uno de baja productividad al estar basado en el uso más barato posible de la mano de obra; de escasa innovación y bajo valor añadido; dependiente del exterior y parasitario de los negocios, de las rentas y las subvenciones procedentes del sector público; de escasa fortaleza endógena debido a la desigualdad; altamente endeudado como consecuencia de la escasez de las rentas familiares y del poder político de la banca; desindustrializado como consecuencia de la externalización y de la supeditación a los intereses globales del capital extranjero que se ha hecho con las redes empresariales más importantes; con grandes tensiones sobre los precios como consecuencia del poder oligopólico que predomina en la mayoría de los mercados; altamente despilfarrador y gravoso para el medio ambiente; y, como consecuencia de todo ello, con una gran dependencia de la evolución del ciclo, tanto a la hora de generar actividad como, sobre todo, en cuanto a creación y destrucción de empleo se refiere.

Este modelo de crecimiento ya produjo en los primeros años de la transición, más tarde en los ochenta y en 1992-93 crisis y fases de gran debilidad y de pérdida de empleos, perturbaciones financieras muy costosas y desajustes con el exterior que, antes de entrar en la zona euro, se pudieron resolver, como he señalado, a base de sucesivas devaluaciones. Y lo que ha sucedido en los últimos años anteriores a la crisis actual es que todos estos rasgos se acentuaron e incluso se exageraron.

La entrada en el euro supuso inmensas entradas de capitales que favorecieron la acumulación de grandes patrimonios y un gran volumen de ahorro, si bien a cambio de perder la propiedad y el control sobre la práctica totalidad del aparato productivo, de una gran desindustrialización y de convertir así a la economía española en una fuente de renta para el capital extranjero a cambio de unos años de potentes ayudas y subvenciones que sostenían la demanda. Las reformas laborales permitieron la creación de miles de empleos precarios y de quita y pon. Los bancos, con la complacencia explícita de las autoridades monetarias, multiplicaron la oferta de crédito y el crédito abundante y más barato en términos reales en España que en el resto de Europa permitió mantener la demanda de consumo y que las empresas pudieran aumentar su poder de mercado y multiplicar sus beneficios. Los gobiernos establecieron las bases para un funcionamiento cada vez más especulativo y oligarquizado de la actividad económica, limitaron el esfuerzo para la creación de capital social (salvo en el caso de las obras públicas vinculadas al negocio de la construcción), renunciaron a establecer disciplina en los mercados, aliviaron las cargas fiscales sobre las rentas de capital, liberalizaron al máximo los mercados del suelo y la vivienda y todo ello alimentó una gigantesca burbuja inmobiliaria que se retroalimentó, proporcionando más liquidez y un incremento desorbitado de la deuda privada (lo que equivale a decir del negocio bancario, que llegó a ser en España mucho más rentable que en cualquier otro lugar de Europa).

En solo seis años, de 2002 a 2008 el crédito total a residente aumentó un 70% y el endeudamiento neto de la economía española, que había crecido un 82% entre 1999 y 2003, lo hizo un 243% en los cuatro años siguientes, dedicándose el 70% de la nueva deuda a la inversión en la burbuja inmobiliaria.

Para mantener el impresionante negocio de la burbuja los bancos y cajas españoles se endeudaron con otros bancos europeos. A diferencia de los de otros países, sus factor de riesgo no fue tanto la exposición a las hipotecas sub prime de Estados Unidos como la acumulación de activos vinculados a la burbuja inmobiliaria. Y, por eso, en lugar de ser receptores de riesgo por esa vía se convirtieron más bien en sus exportadores hacia los bancos que los habían financiado y que ahora se enfrentan temerosos a la situación económica de la banca y la economía españolas.

Por supuesto, ésta última sufrió el impacto de la crisis mundial. Era inevitable, aunque sus bancos no estuvieran tan directamente afectados por la difusión de hipotecas basura y sus derivados como los de otros países, porque, en todo caso, les afectaba el racionamiento del crédito que produjeron las quiebras bancarias y la desconfianza generalizada y, enseguida que estalló la burbuja en España, su propia descapitalización interna. Así que, al igual que en otros lugares, la banca española también cerró el grifo de la financiación a la economía provocando todo lo más que se podía extender la destrucción de actividad y de empleo.

Pero, a diferencia de lo ocurrido en otros países, el problema de la economía española era que hubiera entrado en crisis incluso aunque no se hubiera producido la financiera de nivel internacional.

Agotado su modelo badado en la actividad inmobiliaria y en la generación de deuda privada, la economía española estaba condenada a caer en barrena con independencia de lo que hubiera sucedido con las hipotecas basura.

Sin capacidad de maniobra

Ante esta situación el gobierno reconoció, aunque muy tardíamente que la economía española no puede seguir desenvolviéndose como hasta ahora y ha propuesto un cambio de modelo y la puesta en marcha de estrategias de recambio productivo. Aunque la mayoría de ellas se las ha llevado el viento de la recesión cuando el gasto para evitar el colapso y satisfacer la demanda de recursos de la banca ha desbocado el déficit público, que ha llegado al 11,4% del PIB en 2009.

Así se ha alcanzado una encrucijada muy delicada porque, por un lado, haría falta más gasto contracíclico pero, por otro, no hay ya prácticamente más capacidad para aportarlo. O se incurre en un gran sobrecoste en los mercados y se sufren los ataques especulativos y la extorsión política orientada a garantizar el pago y a evitar que de esa forma se afecte no solo a la imagen como deudor de España sino a la divisa europea… o se cambia de política, algo a lo que no parece estar muy dispuesto el gobierno ni para lo que se ha generado el clima y el poder social que pudieran hacer factible el cambio de estrategia.

Lo que está ocurriendo entonces es que, en lugar de que España viva una evolución de la crisis más o menos acompasada con el resto de los países centrales de la Unión Monetaria, sufre lo que llamamos un típico impacto asimétrico con respecto a ellos y como consecuencia, en este caso, de la debilidad añadida que le produce su modelo económico agotado.

El problema al que ahora se enfrenta España es el que advertimos muchos economistas en su día: una unión monetaria imperfecta que no dispone (porque se ha renunciado explícitamente a ello) de mecanismos de coordinación y reequilibrio.

Los teóricos de las uniones monetarias demostraron hace años que, en esas condiciones, es inevitable el desenganche de las economías impactadas, que sufren un deterioro en actividad y empleo que puede llegar a ser irreversible.

En esta coyuntura se añade además un factor que agrava la situación. Sabiéndose que es inevitable que se produzca, como se está produciendo, este desenganche, y conociéndose que la Unión Europea no tiene hoy día otra respuesta política que el más de lo mismo y ningún instrumento económico que pueda evitarlo, se está haciendo una verdadera y explícita llamada a quienes sostienen la deuda de la periferia europea, que seguramente no es ni la más elevada ni la más arriesgada desde el punto de vista de los compromisos de pago, pero sí la soportada por los estados política y económicamente más debiles y maniatados.

Es verdad que eso ha sido siempre así, o al menos eso es lo que ha ocurrido en los últimos decenios en diversos países y situaciones. Pero ahora el agravante es que, como secuela de los continuos ramalazos de la inconclusa crisis que vivimos, y como resultado de la financiación tan generosa de los bancos centrales y gobiernos a la banca internacional, la especulación financiera se encuentra de nuevo desatada.

La criminal paradoja que se está produciendo es que los bancos crearon la crisis, hundieron las economías, obligaron a que los estados se endeudaran para salvarlos y evitar la debacle y, puesto que ya no disponen de banca pública que hubiera podido hacerlo en otras condiciones, deben recurrir a los propios bancos privados que provocaron la crisis que así hacen ahora un negocio redondo suscribiendo la deuda. Y gracias al poder que mantienen impondrán condiciones draconianas a los gobiernos para que los recursos vayan, antes que nada, a retribuirla y garantizarla.

Finalmente, no se puede dejar de mencionar la debilidad añadida que provoca la peculiar situación política española. La derecha, en una gran parte formada y consolidada en torno a los grupos de poder nacidos del franquismo, no está dispuesta de ninguna manera a ceder en la presión continua al gobierno que, para colmo, se viene enfrentando a la crisis con análisis erróneos, zigzagueando, sin proyecto, cada vez con menos credibilidad y con un liderazgo social más debilitado que nunca. Y, por otro lado, los sindicatos no terminan de tomar el timón de los intereses de los clases trabajadoras y los grupos la izquierda del partido socialista se encuentran divididos y debilitados

España lo tiene difícil. No puede hacer frente a la quiebra de un modelo y a la ofensiva especuladora por sí misma porque ni tiene fuerza endógena ni instrumentos para hacerles frente. No tiene salida sin Europa pero el neoliberalismo que impregna a esta Europa es el responsable de gran parte de sus males.

Juan Torres López es catedrático de economía aplicada en la Universidad de Sevilla.

FUENTE: Le Monde Diplomatique