Andalucía

El SAT se concentra ante la finca “La Isla” de Écija

LA ISLAUnas 300 personas, en su mayor parte militantes del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), se han concentrado este pasado martes 21 de julio,  ante la finca militar La Isla de Écija (Sevilla), propiedad del Estado, en señal de protesta contra su posible venta y para pedir que pase al patrimonio agrario andaluz.

El objetivo de la concentración era impedir la subasta pública de unos terrenos de 476 hectáreas, y evitar que sea adquirido “probablemente por un especulador o un terrateniente”, para que pasen a formar parte “de un banco de tierras que vaya cediendo terreno a las cooperativas, a los campesinos y a los ayuntamientos que tengan proyectos serios de empleo”. Señalan que su “idea es además ahuyentar a posibles compradores, para que sepan que esta finca está en conflicto y que no vengan a comprar una finca que es del pueblo”

No descartan más ocupaciones, y han instado al Gobierno central y a la Junta de Andalucía a que “tengan una actitud más comprensiva con Andalucía, que tiene un 37 % de paro”, y cree un fondo social de cultivos y tierras para hacer frente a lo que llaman una situación “de emergencia social”.

En principio, el SAT pensaba ocupar la finca, como acto “simbólico” para “dar un toque de atención” y evitar que la finca se venda, pero finalmente no la han ocupado por miedo a los efectos de la llamada Ley Mordaza.

De esta forma, estas personas permanecen en las puertas de la finca, custodiada por un amplio dispositivo de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en vehículos y a caballo, que decidieron cortar la carretera de acceso por prevención.

El secretario general del SAT, Diego Cañamero, ha asegurado que no se explica tanta policía “cuando se trata de una acción pacífica; aquí hay demasiada policía, con sus vehículos y también a caballo”. “Espero que los caballos no se echen encima nuestra», ha añadido Cañamero, quien ha recordado que en el franquismo «los guardas rurales nos pegaban por entrar a coger habas, aceitunas o leña, ahora no estamos en esos tiempos y espero que no lo hagan”, añadió.

Ha explicado que el SAT había pedido autorización para entrar en la finca, “que fue denegada por la Delegación del Gobierno”, pero que el sindicato recurrió, aunque “no nos han dicho nada”, por lo que inicialmente, si no les llegaba la denegación definitiva, pensaban ocupar la finca, aunque apuntaron que si les llegaba esa denegación definitiva, no harían nada.

No obstante, finalmente han decidido permanecer en la puerta de la misma, mientras que una delegación de cinco personas, entre ellas Cañamero, han accedido a la finca custodiados por la Policía y ovacionados por los miembros del SAT al grito de “Sí se puede” y entre aplausos. Dicha comisión ha accedido a la finca para explicar a sus responsables el motivo de esta protesta.

LA ISLA CARTEL“La Ley Mordaza está apretando con fuerza y ya acumulamos 900.000 euros en multas y 600 procesados, y además la Justicia nos pide, sumando todo, 400 años de cárcel”, ha añadido Cañamero, quien asegura que el sindicato “está siendo criminalizado y perseguido, a pesar de que nuestra lucha es pacífica”.

Ha indicado que al Gobierno central “no le gusta esta lucha, pero vamos a seguir haciéndolo, pues el Gobierno debe dar trabajo y que haya justicia, entonces aplaudiremos, pero no podemos aplaudir el 36 por ciento de paro o el 65 por ciento de paro juvenil y que tengamos el 45 por ciento de paro en algunos municipios”.

Para Cañamero, “con el paro y el subdesarrollo que hay en Andalucía, hay que poner esta finca de 476 hectáreas en valor para que las cooperativas y los ayuntamientos la gestionen”. Ha recordado la experiencia como sindicato en El Coronil o Puerto Serrano “donde hemos cogido 30 hectáreas, sembrando alcachofas o habas, dando trabajo a la gente”.

“Hace falta que esta finca cumpla una función social, es pública y la puede cumplir; nosotros no pedimos la luna, y esta finca está ahora gestionada por los militares, quienes después sacan los cultivos a concurso y la coge una empresa privada”, ha añadido Cañamero, quien ha explicado que ahora mismo esta finca «la siembra y recolecta una empresa privada”.

“Hace falta que esta finca cumpla una función social, es pública y la puede cumplir; nosotros no pedimos la luna, y esta finca está ahora gestionada por los militares, quienes después sacan los cultivos a concurso y la coge una empresa privada”, ha añadido Cañamero, quien ha explicado que ahora mismo esta finca “la siembra y recolecta una empresa privada”. Asimismo, ha dejado claro que el sindicato “no quiere la titularidad de la finca sino queremos que nos la cedan, pues la tierra es un don de la naturaleza que debe estar al servicio de la comarca, de las personas”.

Asimismo, ha dejado claro que el sindicato «no quiere la titularidad de la finca sino queremos que nos la cedan, pues la tierra es un don de la naturaleza que debe estar al servicio de la comarca, de las personas». “Es una pena que en estas 476 hectáreas se siembre trigo y pipa, cuando se puede sembrar otros cultivos que den más mano de obra, como frutales o espárrago, que tienen mercado y puede dar muchos jornales”, ha añadido.

Cañamero ya indicó que esta finca, similar a la finca de Las Turquillas, en Osuna (Sevilla), y dedicada a la cría de caballos, pertenece actualmente a Patrimonio del Estado, que la cedió al Ministerio de Defensa para que se dedicara a la cría de caballos y donde también hay algunos cultivos.

Cañamero ha recordado también que la finca gaditana de La Almoraima, que intento ser ocupada por el SAT a principios del 2014, “está en una situación similar a la de la finca La Isla”, por ser de titularidad estatal igualmente, y que ocupa una superficie de unas 15.000 hectáreas.

Según Cañamero, el terreno posee cerca de 600 hectáreas de regadío y ha apuntado que “parece que la quieren vender, algo a lo que nos oponemos, por lo que la vamos a ocupar para que la finca pase a manos de patrimonio agrario andaluz y que la Junta a su vez la ceda para constituir cooperativas y proyectos sociales”.

El dirigente sindical pide que en dicho lugar “se creen cooperativas agrícolas, que generen riqueza en el pueblo andaluz”, toda vez que considera que “no tiene sentido que las tierras públicas se vendan a manos privadas, cuando hay posibilidad de entregarlas a cooperativas de trabajadores”.

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